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HISTORIA Y ANTECEDENTES DE LA JUSTICIA NACIONAL ELECTORAL

La atribución de competencia electoral a los jueces federales cuenta con numerosos antecedentes que datan de hace más de ciento cincuenta años.

Entre ellos, puede mencionarse la ley de la Confederación Nº 140 -de 1857- que establecía el “Régimen Electoral Nacional” y preveía la existencia de “juntas calificadoras” integradas por un juez civil como presidente, el intendente de policía y el síndico procurador o, en su defecto, el defensor de pobres.

En 1903, la ley 4.161 preveía la existencia de “juntas electorales” compuestas por el juez federal más antiguo, el presidente del tribunal de justicia local y el presidente de la legislatura.

La primera Secretaría Electoral comenzó a funcionar en el año 1909 en el juzgado federal de la Capital Federal competente en materia de otorgamiento de cartas de ciudadanía. La ley 8.130 -de 1911- instituía a los jueces federales como los “funcionarios encargados de la formación del padrón electoral”.

Al año siguiente, al sancionarse en 1912 la ley Sáenz Peña -ley 8.871-, se establecieron las denominadas “juntas escrutadoras” como antecedente de las actuales juntas nacionales electorales.

Era función de estas juntas distribuir los útiles electorales, mandar imprimir y fijar los carteles con información sobre la ubicación de las mesas y llevar a cabo el escrutinio.

Según han expuesto diversos autores, uno de los puntos que formó parte de los ejes centrales de la reforma propiciada fue la de asignar a los jueces federales atribuciones relativas a la ejecución de la ley electoral. En el año 1927 entró en vigencia la ley 11.387, de “Formación y Contralor del Registro Electoral”.

Esta norma dispuso la creación de una Secretaría Electoral en cada una de las secciones judiciales de la justicia federal. En el caso de los territorios nacionales, se preveía que la secretaría de registro estaría a cargo del juez letrado más antiguo, considerando exclusivamente a los “residentes en su Capital”.

Tal situación perduró hasta que el decreto 9548/43 dispuso -con fundamento en la conveniencia de “la centralización de las funciones electorales en un solo magistrado por distrito para afrontar con más eficiencia las tareas”- que habría un único registro de electores en cada distrito y, por ende, una sola Secretaría Electoral.

En el año 1945, el gobierno de facto aprueba el “Estatuto Orgánico de los Partidos Políticos”, que preveía la creación de una “Corte Federal Electoral”, encargada de su aplicación.

Como consecuencia de los sucesos políticos del 17 de octubre de ese año, el referido Estatuto fue derogado y la Corte Federal Electoral fue, en consecuencia, disuelta.

En 1949, la ley 13.645 estableció un nuevo régimen de partidos políticos. Esta norma atribuyó su aplicación a los “tribunales competentes en materia de leyes electorales” y las cuestiones relativas al reconocimiento y disolución de esas entidades, al juez federal del registro, con apelación ante la cámara federal respectiva.

Dos años más tarde, se sancionó la ley 14.032 -Ley de Elecciones Nacionales- que reguló las “jurisdicciones electorales”, estableciendo que en la Capital de la Nación y en cada capital de provincia y territorio nacional habría un juez electoral.

Posteriormente, el gobierno de facto resultante del golpe de Estado del 16 de septiembre de 1955, dictó el decreto-ley 19.044/56 que atribuía “jurisdicción en cada distrito electoral al juez nacional encargado del respectivo registro”.

En 1957, mediante el decreto-ley 4.034/57, se instituyó un nuevo régimen electoral y se encomendó a los “jueces electorales” la formación y fiscalización del registro de electores, previendo también la actuación de “juntas electorales” -con funciones similares a las de las actuales juntas electorales nacionales- que debían constituirse y comenzar sus tareas dentro de los diez días de publicada la convocatoria a elecciones.

Un mes más tarde, mediante decreto-ley 5.054/57, se estableció el régimen de designación y remoción de los funcionarios y empleados de las secretarías electorales.

En el año 1962, se instituye finalmente la Justicia Nacional Electoral como un fuero independiente, mediante el decreto 7.163/62.

El artículo 17 del decreto 7163/62, disponía que “en la Capital Federal y en cada Capital de Provincia, habrá un Juzgado Nacional Electoral”.

Sin embargo, la misma norma preveía que “hasta tanto se designen los nuevos Jueces electorales, sus funciones serán ejercidas por los Jueces Nacionales en lo Federal que actualmente tengan competencia electoral, con apelación ante la Cámara Nacional Electoral”.

Bajo la vigencia de esas normas -y sus modificatorias y ratificatorias-, se produjo la única designación de un juez federal de primera instancia con competencia electoral exclusiva de que se tiene conocimiento en nuestro sistema en el distrito Buenos Aires.

Al año siguiente, se dispuso –por decreto-ley 6.407/63- que la Justicia Nacional Electoral “integrase el Poder Judicial de la Nación, como un fuero especializado en materia jurídico-político y electoral. Se estableció, asimismo, a la Cámara Nacional Electoral como “tribunal de alzada respecto de los jueces nacionales electorales”.

En virtud del golpe de Estado del 28 de junio de 1966, se decretó la disolución de los partidos políticos. Meses después se dictó la ley 17.014 que determinó la supresión legal de la Cámara Nacional Electoral y dispuso dejar “sin efecto la creación de juzgados electorales en la Capital Federal y provincias, exceptuándose el Juzgado Nacional Electoral de la Provincia de Buenos Aires, hasta tanto se dispusiera por ley su destino y competencia.

Esta circunstancia anticipaba su acotada supervivencia, pues el mismo artículo 5° preveía su mantenimiento “hasta tanto se disponga por ley su destino y competencia”.

En el año 1971, se consideró nuevamente “indispensable prever la existencia de órganos jurisdiccionales específicos, dotados de competencia y atribuciones suficientes”.

Se dicta, entonces, la ley 19.108 que dispone crear una “Sala Electoral” dentro de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Federal y Contenciosoadministrativo de la Capital Federal. Posteriormente, en virtud del dictado de la ley 19.277, y con anterioridad a que sean designados sus integrantes, la “Sala Electoral” es transformada en la Cámara Nacional Electoral, con su estructura actual de tres jueces conformando una única sala.

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